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David9610.
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A tres años de este acontecimiento, Michoacán sigue estando lejos de ser un estado de paz y justicia; igual que hace tres años, la población trabaja para pacificar su estado; trayendo consigo las siguientes consecuencias:
Según su registro, existen al menos 350 autodefensas en prisión,
Otras autodefensas ya existen, y el riesgo de que ahora crezcan es mayor. Como mencionó José Manuel Mireles, líder de una parte de las autodefensas en Michoacán, él tiene conocimientos de grupos de autodefensa en Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Jalisco, que incluso lo han llamado “para pedir asesoría” (Chouza, 2014). Hasta marzo de 2013, 11% de los mexicanos reconocía que en sus comunidades existían civiles armados que asumieron la defensa de la zona, principalmente en Guerrero (32%), Puebla (29%), Chiapas (26%), Quinta Roo (24%) y Veracruz (21%) (Parametría, 2013). Al día de hoy, la cifra puede ser incluso mayor.
Como actualmente ocurre en Michoacán, donde el Gobierno federal ha iniciado una regularización de los grupos de autodefensa, gobiernos de distintas partes del mundo han tratado de implementar las mismas estrategias, incluso han reformado sus leyes para incluir a estas organizaciones dentro de su sistema de seguridad pública.
La violencia siempre había sido resultado de la competencia entre organizaciones criminales rivales. En cambio las milicias de autodefensa se expandieron hasta ser un cuerpo coordinado, operando en casi 25 localidades. Su principal objetivo (y su principal debilidad) era luchar contra los Caballeros Templarios haciéndose cargo de la seguridad pública en cada pueblo “recuperado”, a veces mediante el desarme de la policía local.
Esta expansión de las milicias, el aumento de la violencia vinculada a ellas y la actuación de los Caballeros Templarios provocaron el desplazamiento de tropas federales a un Estado económicamente importante, donde se aloja la estratégica ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, cercana al núcleo económico y político del país. Sin embargo el intento de contener a los grupos de autodefensa en Michoacán se superpone al esfuerzo por contener la violencia de los carteles en otras partes del país. El gobierno necesita limitar a las autodefensas y recuperar el control del país.
El programa político ha evolucionado desde la lucha contra el crimen organizado, el objetivo inicial declarado, hasta suplantar de hecho la autoridad del gobierno en materia de seguridad pública.
Incluso tras la firma del acuerdo con el gobierno no todos se comportan sumisamente. “A nosotros no nos interesa convertirnos en parte de la policía municipal, estatal ni federal, lo que queremos es acabar con los criminales y regresar a nuestros trabajos en el campo”, respondió Estanislao Beltrán Torres, coordinador del Consejo de Autodefensas de Michoacán al ofrecimiento hecho por Enrique Peña Nieto en Davos, Suiza.
Y a partir de noviembre de 2013 el Consejo de Autodefensas decidió emprender la expansión a muchos municipios más, avanzando sus fuerzas acrecentadas a la Meseta y varios municipios de la Tierra Caliente. A finales de ese año habían ocupado diecisiete municipios y en otros siete tenían una presencia periférica; en enero de 2014 ya ocupaban veintiséis y siguieron avanzando. Tales movimientos de grupos armados ocurrían a la vista de todo el mundo. Las fuerzas federales convivían con las autodefensas en una discreta colaboración mutua, mientras el gobierno del estado, que siempre fue pasivo ante la delincuencia, lanzaba advertencias de “aplicarles la ley”.
Es muy significativo que el ejemplo de las autodefensas se haya expandido rápidamente a otros municipios, donde se observa la adhesión masiva de nuevos voluntarios; en pocos meses o semanas de existencia han logrado la expulsión o el repliegue de Templarios de muchos poblados; en casi todos los pueblos que han ocupado son recibidos como si se tratara de fuerzas de liberación; inclusive algunos alcaldes que parecían coludidos activamente con la delincuencia, apenas llegaron las autodefensas les dieron la bienvenida y repudiaron a los Templarios. Además, su disposición a colaborar con el gobierno federal en las tareas de seguridad permite descartar que tengan propósitos subversivos.
En el propósito de acabar con los Caballeros Templarios el gobierno federal ha optado por la colaboración con los grupos de autodefensa, a pesar de su carácter ilegal. El gobierno desistió de desarmar por la fuerza a las guardias, porque ello causaría costos políticos y humanos inaceptables. El gobierno federal está convencido de que en esos grupos predominan las intenciones auténticas de combatir a la delincuencia organizada; además, los considera útiles para amedrentar a los Templarios y ayudar a localizarlos. “Su mayor ayuda no es con armas, sino con información”, ha dicho el Comisionado federal Alfredo Castillo. Y parece que esa ayuda ha sido eficaz. Por lo menos en los municipios ocupados por las autodefensas, las extorsiones han disminuido drásticamente. Por primera vez en varios años, miles de michoacanos se sienten libres de trabajar para sí mismos. Una frase sintetiza la nueva situación que, al parecer, se está creando en Michoacán: “Ya no tenemos que pagar cuotas”.
Otra de las acciones de la intervención federal es la neutralización de las policías locales, con miras a una futura reconstrucción o sustitución. A finales de abril, en veintiséis municipios del estado las policías municipales habían sido desarmadas y relevadas por la Policía Federal. La mayoría de los elementos policíacos son enviados a un centro de capacitación en el estado de Tlaxcala, donde son sometidos a controles de confianza. Muchos de ellos serán retirados por no cumplir los requisitos y no ser confiables. Como solución de fondo, el gobierno federal se propone la desaparición de todas las policías municipales para crear una policía estatal, previamente depurada y reestructurada, con mando unificado, auxiliada por policías rurales formadas a partir de los grupos de autodefensa que acepten su institucionalización. Aunque ya se han dado los primeros pasos en esa dirección, el proceso será gradual y complicado.
El 4 de abril del 2014, la Procuraduría General de la República detuvo a Jesús Reyna García, secretario de Gobierno y ex gobernador interino, por sus presuntos vínculos con los Templarios. Según varios testimonios y un video, al parecer Reyna hizo un pacto con la Tuta, uno de los líderes de la organización criminal, para favorecer al PRI en las elecciones de 2011. Poco después arrestó también a los alcaldes de Apatzingán (PRI) y Lázaro Cárdenas (PRD), por brindar protección a la delincuencia. Según el comisionado Castillo, están en curso otras indagaciones que podrían conducir a nuevas detenciones de funcionarios. Tal vez por eso el crimen organizado en Michoacán tuvo, una vez más, un ancho espacio para crecer y saquear a la población.
En menos de cuatro meses son notables los logros de la intervención federal. Sin embargo, la violencia en sí misma no ha disminuido; de hecho, las cifras de homicidios se han elevado (véase el análisis de Hope, 2014). Según reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2014 se registraron 272 homicidios dolosos, lo cual equivale a un incremento de 55% sobre el mismo periodo de 2013. Esto se debe, por un lado, a los enfrentamientos entre las fuerzas federales o las autodefensas con los delincuentes, y por el otro, al desplazamiento de los grupos delictivos de las zonas ocupadas por aquéllos hacia otras ciudades, entre otras a Morelia, capital del estado, donde es significativo el aumento de los delitos: en el primer bimestre los homicidios crecieron 62%, y en otros delitos se observan alzas semejantes.
En otras palabras, aunque la intervención federal casi ha decapitado al cartel de los Templarios, arrinconado a sus sicarios y dificultado los mecanismos de extorsión, sería prematuro anunciar la erradicación del crimen organizado y su sistema de explotación.
En mi opinión, legitimar las autodefensas fue tomar el camino equivocado. Ese no era el único camino para salvar a Michoacán del crimen organizado. Había otros caminos, por ejemplo el más factible y simple: aplicar la ley. Luchar contra Los Caballeros Templarios hasta capturar a sus líderes y cumplir las demandas que las autodefensas solicitaban para el desarme, era uno de ellos. No era una solución de corto plazo. Era un camino más difícil y largo pero con mejores resultados de largo plazo.
Bibliografía
Velázquez, J.. (2014). Crimen organizado y autodefensas en México: Michoacán. Septiembre 14, 2016, de Frederich Ebert Stiftung Sitio web: http://www.fesmex.org/common/Documentos/Po...era_Jun2014.pdf
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Consecuencias de las autodefensas en MichoacánComo a afectado esto a la sociedad |
